Por Ale Sánchez
Remontándonos al año 2000, tenemos ese momento emblemático en el que la alternancia de partidos en el poder, o bien el cese del largo reinado del dinosaurio y el ascenso al Ejecutivo, por primera vez, de otra facción política, funcionó como prueba irrefutable (aunque fatua) de que por fin la democracia se hacía valer en México.
Aún quienes no simpatizaban del todo con el ganador, supieron reconocer la importancia histórica de dicho acontecimiento, siendo un estandarte de la transparencia y el cambio para toda la nación.
…Al menos durante el primer sexenio, con tropezones diplomáticos y otras “nimiedades”, cuando los abrumadores problemas de violencia armada y los actos encaminados al terror no eran aun la constante en el día a día. Pero ¿fueron las malas decisiones? ¿Fue alguna especie de boicot bien disfrazado? ¿Era el plan que esta “nueva era” (que comenzaba a enviciarse con el intento de permanencia del partido blanquiazul) fracasara frente a los ojos de los votantes para que jamás les quedaran ganas de apostar por la alternancia?
Ciertamente fue una gran decepción que la manera de solucionar la crisis del momento fuera, precisamente, aceptar de vuelta la crisis anterior. Aunque algo sí hay que enfatizar: no todos cayeron en ese juego. Muchos, muchísimos, legiones de votantes, clamaban en 2012 por un rostro y un partido que nada tenían que ver con lo que (después de negar el reconteo de “voto por voto, casilla por casilla” y revivir la clásica “caída del sistema”) arrojaron los resultados finales.
Estas —no que fueran las primeras— son las cosas que ponen de manifiesto la necesidad de instrumentos y estrategias para reforzar el proceso democrático, o siendo pesimistas, para perseguir el ideal de que llegue a serlo.
En la elección de 1994 por primera ocasión participaron observadores electorales —figura incorporada a la ley desde 1993— y visitantes extranjeros. En el caso de observadores se estableció que podrían participar tanto en la preparación como en el desarrollo del proceso electoral, así como en la jornada electoral, y que la observación podría ser individual o bien por agrupaciones. Sin embargo, las conclusiones de los observadores no tendrían efectos jurídicos. En cuanto a los visitantes extranjeros, se trataba de algo sin precedentes, pues el gobierno mexicano había rechazado esta posibilidad anteriormente; pero en 1994 las autoridades mexicanas acudieron a la ONU para pedir apoyo en asesoría técnica, capacitación y administración de recursos para este fenómeno, siendo el propio Estado mexicano —a diferencia de otros Estados— quien financiara la observación.[1]
Para el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), solicitaron de nueva cuenta el apoyo de la ONU para implementar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), mecanismo de apoyo técnico y financiero dirigido a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales que realizan actividades de observación electoral.[2]
¿Cuáles son las prioridades del FAOE en 2018?
Este será el proceso electoral más grande de la historia del país, ya que además de las tres elecciones ordinarias federales, se realizarán 30 elecciones locales en 30 entidades federativas distintas, que sumarán en total la designación de 3,406 cargos públicos a nivel municipal, estatal y federal.
Por esta razón el FAOE establece un listado de temas prioritarios a resguardar, como son:
- Justicia electoral: transparencia, denuncias de actos de corrupción, violencia sobre funcionarios o candidatos, etc.
- Organización: logística, administración de recursos, accesibilidad, eficiencia, etc.
- Medios de comunicación, redes sociales, libertad de expresión, transparencia y derecho a la información pública.
- Mecanismos de sondeo y participación.
- Selección de candidatos independientes.
- Campañas electorales.
- Participación y derechos políticos de mujeres, grupos vulnerables, jóvenes personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI.
- Voto de los mexicanos en el extranjero.
- Perturbación de la paz y violencia política.
Baste decir que a escasos dos meses de iniciado el año, ya ha habido actos de clara violencia política, como el asesinato de la precandidata a una diputación local en Guerrero por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, el 22 de febrero; o el atentado que sufrió la precandidata presidencial “Marichuy” en Michoacán el 21 de enero. Incluso podría pensarse que se trata de violencia política de género, delito que varios gobiernos estatales (y aun el federal) siguen siendo renuentes a tipificar y perseguir como tal.
Asimismo ya se han observado claras irregularidades en el uso de recursos financieros para las campañas de los precandidatos, muchos de los cuales están demostrando no ser tan “independientes” como presumen. El gran dilema consiste, principalmente, en que al no hallarse todos en la mismas condiciones —económicas[3] y quizá hasta de contactos políticos—, algunos podrían tener una ventaja injusta que no dependería tanto de su idoneidad y pericia, sino de sus recursos para “moverse”.
Por consiguiente, queda hacer un llamado, primero a las autoridades, para que cumplan con la tarea sagrada que les ha sido encomendada; segundo, a las organizaciones de la sociedad civil, para que utilicen los instrumentos a su alcance en aras de corroborar el correcto funcionamiento de los procesos, así como exigir (con el poder de incidencia que han ido forjando) que se verifiquen y corrijan aquellos detalles que lo requieran e informar al público sobre sus avances; y a la población en general —sobre todo ciudadanos en pleno derecho— para que se informen, lean, observen, participen, propongan, den seguimiento, decidan y hagan valer sus derechos constitucionales con la finalidad de construir un mejor México para todos.
Fuentes de Referencia:
[1] Información obtenida de: Murayama, Ciro. “La observación electoral en México: de la democratización a la consolidación democrática”, México, PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013. En: file:///C:/Users/Alejandra/Downloads/10030-12085-1-PB.pdf (Consulta: 20/02/2018).
[2] La Convocatoria del FAOE 2017-18 estará abierta hasta el viernes 2 de marzo de 2018.
[3] Se han rebasado los topes de campaña y se han retrasado o inclusive omitido los reportes de gastos de determinados precandidatos. https://www.animalpolitico.com/2018/01/precandidatos-gasto-ine-coparmex/
Imagen: https://www.elpuntosobrelai.com/elecciones-2018-reformas-desafios/
Jóvenes Construyendo 